En el artículo del pasado 23/10/2014 en la versión digital del periódico Cinco días, se recogía que el ministerio de industria solicitaría información a las grandes distribuidoras eléctricas nacionales acerca la reducción de la recaudación de los peajes de acceso de la potencia contratada. El gobierno ha detectado que recientemente los ingresos procedentes de los peajes de acceso del término de potencia han disminuido y busca alternativas para poder compensar esta situación.

En primer lugar, lo que se debe hacer es buscar las causas por las cuales tanto particulares como empresas han realizado estas bajadas de la potencia contratada. En los últimos dos años, el gobierno ha realizado sucesivas subidas en lo que se denomina el término de potencia, llegando a suponer para algunas empresas un aumento de hasta un 150%. En este punto es importante resaltar que este aumento tarifario es totalmente independiente al consumo energético que realice el particular o la empresa en cuestión. Es decir, aunque se consumiera menos energía, y dado que el gasto en la parte fija ha tenido el mencionado aumento, el cliente pagaría en total más que lo venía pagando en el recibo de la luz. Por lo tanto, la subida del término de potencia realizada por el gobierno en los últimos tiempos no hace más que desincentivar el ahorro ya que el consumidor va a pagar más por la parte de potencia contratada y no tiene ningún tipo de estímulo para consumir menos energía.

Es importante explicar esto para poner en contexto la situación actual y ver que es cuanto menos sorprendente la reacción del gobierno. ¿Esperaba la administración que con un aumento tan considerable en la potencia el consumidor no realizaría ningún tipo de actuación al respecto? Es decir, en lugar de estimular el ahorro energético, como se ha explicado anteriormente, cuando se opta por penalizar la parte referente a la potencia, ¿se puede pensar que no se reaccionará ajustando la potencia máxima a la optimización de la misma? Parece ser que este escenario no era el planteado por la administración y es ahora cuando alertan de los problemas que se pueden derivar de una bajada de potencia para intentar disuadir a los consumidores de bajar las mismas. Detrás de este mensaje gubernamental es evidente que hay un claro objetivo de intentar mantener la recaudación sin considerar que la potencia contratada debería ser en todo caso la adecuada para cada negocio o para cada hogar.

En términos generales, la potencia contratada por los consumidores es muy superior a la necesidad real que tienen de la misma. Esto es históricamente así porque en el pasado el término de potencia no suponía un impacto grande en el recibo de la luz. Así pues, los consumidores (evidentemente guiados por las compañías comercializadoras) contrataban potencias muy por encima de la realmente necesaria. Sin embargo, con las últimas actuaciones del gobierno se ha hecho imprescindible para muchas empresas bajar considerablemente la potencia dado que la subida en coste fijo del recibo de luz era tan importante que podía poner en duda su viabilidad y continuidad de la propia compañía.

Así pues, podemos concluir que la proliferación de casos de bajadas de potencia que se vienen observando recientemente no es más la reacción causa-efecto ante las medidas tomadas por el ministerio de industria. ¿Pndría usted en riesgo la viabilidad de su negocio simplemente por el hecho que el gobierno subiera de forma desproporcionada el término de potencia? Es evidente que ante tal situación la reacción de los consumidores ha sido la que era fácilmente predecible. Al parecer el único que no contempló está posibilidad es, paradójicamente, el artífice de la misma.